El nombre del operativo de la Policía Nacional Anticorrupción de “Caiga quien Caiga”, ratificó la disposición del Gobierno del presidente Nicolás Maduro de ir hasta el fondo del delicado asunto y de “sea quien sea”, como se hace desde el 17 de febrero, cuando se realizaron los primeros anuncios oficiales.
“Nervios de acero, calma, cordura y máxima conciencia popular. A los corruptos los vamos a castigar con el poder de la justicia y la ley”, manifestó el mandatario en una jornada de trabajo dedicada al balance de la rehabilitación de obras, en el estado de Miranda y otras regiones del país.
Siempre hay que confiar en el pueblo, siempre hay que convocar al pueblo y saber que el pueblo es quien tiene la fuerza, subrayó, a sabiendas del inmenso apoyo popular a la batalla impulsada por el Estado en su conjunto.
El Ministerio Público, a través del fiscal general, Tarek William Saab, informó de la la aprehensión de Jackeline Perico y José Lima, adscritos a la Dirección Ejecutiva de Producción de la Faja Petrolífera del Orinoco, quienes serán imputados por corrupción por su contubernio con la trama Pdvsa-Cripto.
Con la captura de estas dos personas, suman 12 los funcionarios vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y actividades conexas y 11 los empresarios detenidos e inculpados por la Fiscalía, junto a un alcalde y tres jueces.
Todos los arrestados fueron acusados por apropiación o distracción de patrimonio público, legitimación de capitales y asociación, tráfico de influencias, entre otros delitos, además de que los funcionarios serán imputados por traición a la patria.
Como resultado de las rigurosas investigaciones y las declaraciones rendidas por la banda criminal que está siendo procesada, se procedió el jueves con la segunda fase del operativo especial “Caiga quien Caiga”, anunció en un comunicado la Policía Nacional Anticorrupción.
El texto señaló que como parte de las pesquisas iniciaron una nueva solicitud al Ministerio Público para el “encausamiento judicial” de un conjunto de funcionarios y empresarios que, violando el sagrado juramento de honestidad y ética, podrían estar incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos.
Aunque sin confirmarse por fuentes oficiales, el periódico Últimas Noticias informó de la detención de cinco altos ejecutivos vinculados con la Corporación Venezolana de Guayana y de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
En demostración de que no se trata de una campaña, ayer la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio que garantizará al Estado recuperar los bienes relacionados o derivados de actividades ilícitas.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señaló que, si no se atiende el tema de la corrupción como un verdadero sistema económico, político y social, no vamos a poder quitarnos ese lastre de la corrupción y de esas “basuras que son las corruptas y los corruptos”, es decir, de esos demonios.
La normativa de 46 artículos y cuatro capítulos fue aprobada “con urgencia reglamentaria y por unanimidad” en sesión especial del Parlamento, a propuesta del Bloque de la Patria, cuyo titular parlamentario, Diosdado Cabello, hizo la presentación en el hemiciclo.
Esta disposición busca reparar los daños causados al Estado y al pueblo por hechos de corrupción, a través de mecanismos que permitan identificar, localizar y recuperar los bienes mal habidos.
Cabello manifestó que la propuesta de Ley está relacionada con lo que está ocurriendo en los últimos días, en clara referencia a las acciones emprendidas por el Gobierno contra grupos de mafias y corruptos enquistados en la administración pública, empresarial y el sistema judicial.
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