De acuerdo con un comunicado de esa agrupación, integrada por representantes de los siete pueblos originarios y los 12 congresos, las conversaciones girarán en torno a la titulación de tierras y el manejo de cuenca hídrica, entre otros temas.
También enfatizarán en el cumplimiento de fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), de octubre pasado, entre ellos uno en el que dieron plazo de cuatro meses al Ejecutivo para resolver la exigencia del pueblo Bri Brí y su acceso de ocupación territorial ancestral en Bocas del Toro, en la frontera con Costa Rica.
La mesa de diálogo se estableció en julio de 2022, luego que la Coonapip se sumara a la ola de protestas que sacudió al istmo para reclamar en las calles la titulación colectiva de sus territorios, conforme lo establece la Ley 72 de 2007.
El presidente de la Coonapip, Marcelo Guerra, dijo entonces a Prensa Latina que ese colectivo insiste en otras exigencias elementales como el desalojo de sus territorios de colonos e invasores.
Asimismo, rechazan la incapacidad de controlar la tala ilegal e indiscriminada de sus bosques y el incumplimiento de otros dictámenes de la CIDH, que favorecen al territorio Madungandí y Emberá de Alto Bayano.
Mientras, Rengifo Navas, cacique del territorio Guna Yala, indicó que la paciencia de los originarios también tiene sus límites y no se puede seguir esperando una reunión que parece no importarle al Ejecutivo, en alusión a la mesa de diálogo que exigieron como condición para detener las protestas.
Por su parte, Aulina Ismare, cacica del territorio nacional Wounaan, reiteró que la única forma de suspender acciones de fuerza es apreciar la voluntad de conversar con las autoridades tradicionales y llegar a acuerdos hace tiempo esperados.
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