Al término de un extenso debate en la Cámara de Diputados, apuntó que tanto la interpelada como el beneficiario, el director general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, tienen conocimiento profundo de la normativa de la Ley de Ética de la Función Pública.
Puntualizó asimismo que en el momento en que Alfie, en diciembre de 2019 solicitó ese beneficio legal, ya conocía la designación para el cargo por el electo presidente de la nación, Luis Lacalle Pou.
El diputado frenteamplista interpelante, secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, criticó la reticencia de Arbeleche a responder ocho de 10 preguntas formuladas, en una sesión de cruces de posiciones entre oficialistas y opositores que concluyó en la madrugada.
La interpelada se ciñó a defender el procedimiento legal como única interpretación ética y a enarbolar la confidencialidad de los detalles del expediente, solicitado repetidas veces sin éxito por legisladores frenteamplistas.
Algunos de ellos tampoco consiguieron aclarar por qué el presidente Lacalle Pou calificó de ‘inconveniente la resolución de la ministra’, después de instar a Alfie a renunciar al beneficio otorgado, una vez que se hizo público y levantó reproches políticos.
La bancada de la coalición gobernante preparó una moción de apoyo a la interpelada, aunque con voces discrepantes en el partido integrante Cabildo Abierto, cuyo diputado Álvaro Perrone fustigó una política que penaliza a pequeñas y medianas empresas y recién favoreció a un importador de pelotas de jugar golf.
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