La decisión fue tomada por la jueza de la Suprema María Garabito, quien declaró a la CSJ incompetente para ordenar las diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Público debido a que los imputados ya cesaron en sus cargos, por tanto, les corresponde la justicia ordinaria.
A partir de ahora la coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, debe apoderar el caso mediante el sorteo aleatorio computarizado a uno de los juzgados de la instrucción de esa jurisdicción correspondiente para la continuación del proceso.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción investiga a exmiembros de la Cámara de Cuentas por la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.
Las investigaciones abarcan a todos los integrantes de ese órgano y a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la consultoría jurídica y la dirección de auditoría.
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