De acuerdo con la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), el próximo lunes dará a conocer la cantidad de servidores públicos –por entidad– con incumplimientos en sus obligaciones y; que en este caso, tenían como plazo hasta el pasado 5 de abril.
La Antai precisó que hasta la fecha solo 20 mil 626 funcionarios entregaron sus informes en cumplimiento de lo establecido en la Ley 316 del 18 de agosto de 2022, que regula las situaciones de conflicto de intereses en la función pública.
Ahora la institución tendrá 60 días para verificar la información registrada por los sujetos obligados.
La ley establece que cumplido el plazo de entrega, los funcionarios que no hayan remitido a la Antai su declaración serán sometidos a un proceso administrativo, que trae como consecuencia sanciones pecuniarias equivalentes al triple del salario, e incluso puede ser la suspensión del cargo.
Si los servidores públicos presentan información incorrecta o han incumplido los plazos establecidos, pueden ser sancionados con dos y tres meses de salario.
Esta disposición que empezó a regir el 18 de febrero de 2023 no solo exige a los servidores probidad en sus acciones, sino también obliga a los de “alta jerarquía” a presentar una declaración de intereses en los primeros 30 días después de la toma de posesión del cargo.
Según la norma, deberán presentar esta declaración: los ministros y viceministros de Estado, el contralor y subcontralor general de la República, el defensor del Pueblo y los jefes diplomáticos y consulares, entre otros.
Se consideran igualmente sujetos obligados los diputados, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los jueces, los fiscales, el procurador general de la Nación, el procurador de la Administración, el presidente y vicepresidente de la República y los magistrados del Tribunal Electoral.
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