Los más recientes -detalló Guerra- son los de Nayeli Tapia, Denisse Reyna y Yuliana Macías, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura en una fosa, cerca de la orilla de un río en la localidad de Quinindé, en la provincia de Esmeraldas.
La representante de esa organización que busca la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el país andino, criticó la apatía del Estado y de las instancias competentes, las cuales -precisó- tampoco han impulsado un plan que garantice la no repetición de los crímenes y no revictimización.
Se naturaliza la violencia y eso la perpetúa y genera nuevos casos. En el país se puede violar y matar a las mujeres y no pasa nada, manifestó.
Guerra reprochó que en este contexto el Gobierno de Guillermo Lasso entregue la responsabilidad del cuidado a la población, con el decreto de flexibilización del porte de armas, sin tomar en cuenta las estadísticas.
Se evidencia que el uso de esos artefactos ha subido en 300 por ciento para cometer femicidios, en los últimos dos años, dijo.
De acuerdo con Guerra, desde hace dos años los feminicidios n la nación sudamericana se registran en un contexto de delincuencia organizada y economías criminales, los cuerpos de las mujeres se toman como botín de guerra, para marcar territorios o enviar mensajes.
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