Este miércoles sesionó la denominada mesa interinstitucional sobre seguridad pública, en la cual participaron el mandatario, Guillermo Lasso; el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela; y el titular de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela.
También estuvieron el defensor público Ángel Torres y la fiscal general, Diana Salazar, quien se refirió a la necesidad de aplicar reformas a las normativas por una mayor seguridad jurídica contra el crimen.
Tras revisar los resultados del trabajo de las instituciones, Lasso reiteró en su discurso que «Ecuador está siendo atacado desde varios frentes por el narcotráfico y el crimen organizado», aunque no anunció ninguna medida nueva para enfrentar esa realidad.
Por su parte, el jefe del legislativo aseveró que en la Asamblea allanarán el camino para dar paso a proyectos de ley que se presentarán para reformar el Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales, en aras de combatir la inseguridad en el país.
Aclaró que la propuesta de enmienda constitucional del Ejecutivo para permitir a las fuerzas armadas actuar en la seguridad interna cumple los plazos establecidos y el segundo debate sobre el tema entre los parlamentarios debe ocurrir a finales de abril.
Si bien las autoridades reconocieron el estado de la violencia en el territorio nacional, pocas soluciones se hicieron públicas en la jornada de hoy.
Mientras, la ciudadanía exige respuestas frente al actual contexto, que provocó en 2022 más de cuatro mil muertes violentas y el actual año puede terminar con una cifra mucho mayor, según expertos en la materia.
Ejemplo de ello es la masacre ocurrida este martes en el Puerto Pesquero Artesanal de la provincia de Esmeraldas, donde nueve personas fueron asesinadas por unos 20 sujetos que llegaron al sitio por mar y tierra y abrieron fuego indiscriminadamente.
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