Esta es la primera acción de las autoridades tras un estremecedor informe de la Policía Judicial que evidencia los lazos de la institución religiosa con el comercio ilegal de armas, que luego alimenta a las pandillas responsables de miles de muertos, secuestros y del agobiante clima de inseguridad imperante en el país caribeño.
Las órdenes de detención están dirigidas a los padres Fritz Désiré y Jean Mardoché Vil, así como a Vundla Sikhumbuzo, un reconocido traficante nacido en Zimbabue, quien trabajó como jefe de operaciones de la congregación hasta 2018.
La Iglesia negó cualquier vínculo con el tráfico de armas y aseguró que personas malintencionadas usaron el nombre de la institución para hacer un “trabajo sucio”.
Sin embargo, la investigación de la Oficina de Asuntos Financieros y Económicos de la Dirección Central de la Policía Judicial reveló que la franquicia aduanera de la entidad eclesiástica fue utilizada para introducir armas y municiones al país.
Además, confirmó nexos entre los implicados con las pandillas que operan en los barrios capitalinos de Village-de-Dieu y Torcel, esta última liderada por Vitelhomme, por quien la Policía ofrece una recompensa de 10 millones de gourdes (casi 65 mil dólares).
La pesquisa determinó que el padre Frantz Cole, arrestado en agosto pasado, es uno de los cabecillas de la operación y posee varias cuentas en Haití y el extranjero. El religioso fungía como secretario ejecutivo diocesano y sacerdote a cargo de la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación en Bolosse.
El caso se hizo público en julio de 2022, cuando funcionarios de la Aduana incautaron contenedores con decenas de miles de municiones de diversos calibres, además de cargadores y armas automáticas que llegaron al puerto dela capital.
Otras 11 personas fueron arrestadas, entre ellas el contador Jean Gilles Jean Mary, quien poseía varios documentos firmados que autorizaban el apoderamiento de fondos de la cuenta de la Iglesia episcopal a la de un traficante buscado activamente por las autoridades.
Todo esto sucede en medio de un auge de la violencia desatada por las pandillas que operan en la capital y sus alrededores, y que solo de enero a marzo de este año dejaron más de 530 muertos y unos 400 secuestros en Puerto Príncipe y el departamento Artibonite.
(Tomado de Orbe)
