La decisión llega después que más de 400 privados de libertad murieran en centros de detención del país desde 2020, es decir, bajo la custodia del Estado.
Los comités de Familiares por Justicia en Cárceles y el Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) anunciaron que el viernes 21 de abril presentarán la demanda ante la Corte Provincial de Guayas.
Con esa acción buscan que se declare la vulneración a derechos constitucionales y que, por ende, exista una debida reparación integral, indicó Fernando Bastias, miembro del CDH citado por el diario El Universo.
Como en este caso no puede restablecerse la vida de los fallecidos, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional ordena las modalidades de satisfacción, no repetición, rehabilitación e indemnización económica, explicó Bastidas.
Los colectivos civiles ya acudieron a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para exigir justicia y reparación integral a los familiares y que el Estado asegure la vida de las personas dentro de las prisiones.
Igualmente, en septiembre de 2022 el Comité de Familiares condenó al Estado en un Tribunal Popular por Justicia por vulnerar derechos como la integridad personal.
Ecuador sufre una crisis carcelaria con frecuentes masacres en el interior de esas instituciones.
El pasado viernes 12 reos murieron tras una balacera de varias horas dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, la mayor cárcel del país y escenario de otros incidentes de ese tipo que el Gobierno atribuye a las riñas entre bandas delictivas.
Luego, el domingo otra persona privada de libertad fue asesinada en una cárcel de la provincia de Loja.
La situación de violencia también se ha trasladado a las calles con pandillas que se disputan el control del tráfico de drogas, en especial en la zona de la costa, desde cuyos puertos salen los narcóticos hacia Estados Unidos y Europa.
Ejemplo de ello fue el asesinato la semana pasada de tres agentes penitenciarias en un restaurante ubicado justo al frente a la Penitenciaría del Litoral y anteriormente seis reclusos aparecieron ahorcados en ese mismo centro.
La crisis carcelaria y de seguridad hace cada vez más recurrentes robos, asesinatos, extorsiones, secuestros, amenazas de bombas y otros crímenes, mientras la ciudadanía exige al Gobierno del presidente Guillermo Lasso acciones integrales para enfrentarla.
mgt/avr
