Tal juicio se realiza en el pleno virtual hasta las 23:59, hora local, del 24 de abril.
En esta modalidad de análisis, los ministros depositan los votos de forma electrónica y no hay deliberación presencial.
Las defensas de los 100 acusados tuvieron hasta las 23:59, hora local, de este lunes, para enviar apoyo oral por medios electrónicos.
Todos los cargos fueron presentados por la Procuraduría General de la Unión y en total, el órgano ofreció mil 390 denuncias al STF.
La prioridad de juicio está siendo dada a los imputados que siguen presos. Hasta el momento, 86 mujeres y 208 hombres permanecen detenidos en el sistema penitenciario del Distrito Federal por implicación con los actos antidemocráticos.
En la primera hora de este martes se dio a conocer un informe relativo a cada uno de los acusados y el voto del ministro Alexandre de Moraes sobre la apertura o no de acciones penales contra los involucrados.
Después, los demás magistrados pueden votar, siguiendo o no al relator. La expectativa es que las denuncias sean aceptadas por los jueces del Supremo.
Si esto ocurre, se inicia una nueva etapa de instrucción procesal, con la posible producción de nuevas pruebas y audiencia de testigos, incluso a petición de las defensas.
Únicamente después de eso tendrá lugar el eventual juicio sobre la culpa o no de los acusados. No hay plazo definido para que esto ocurra.
Los denunciados son acusados de diversas violaciones, como asociación criminal, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra los poderes constitucionales, depredación de patrimonio público caído e incitación al crimen.
Hasta el momento, la Fiscalía General presentó acusaciones teniendo en cuenta tres grupos de delincuentes: los que invadieron y depredaron edificios públicos, quienes acamparon frente al Cuartel General del Ejército para incitar a las Fuerzas Armadas y las autoridades que supuestamente se ocultaron ante los acontecimientos.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro protagonizaron acciones antidemocráticas el 8 de enero en Brasilia.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. oda/ocs
