Ordenadas por el Supremo Tribunal Federal (STF), las disposiciones de la décima fase de la Operación Lesa Patria se realizan en siete estados y el Distrito Federal (DF).
«Las investigaciones continúan para que la ley sea plenamente observada”, escribió en la red social Twitter el ministro de Justicia, Flavio Dino, quien agregó que de esta forma «solo así garantizaremos la paz y la democracia».
La fuerza del orden público no informó, hasta el momento, cuántos sospechosos fueron detenidos.
Según la PF, los hechos investigados constituyen, en teoría, los crímenes de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño calificado, asociación criminal, incitación al crimen, destrucción y deterioro o inutilización de bien especialmente protegido.
La operación en curso tiene actualizaciones periódicas sobre el número de órdenes judiciales expedidas, personas detenidas y fugitivas.
El ministro Alexandre de Moraes, del STF, votó para que los primeros 100 denunciados por las acciones antidemocráticas del 8 de enero se conviertan en acusados.
A principios de este martes, el juicio comenzó en el pleno virtual del Supremo y sigue hasta el 24 de abril.
En esta modalidad de análisis, los ministros depositan los votos de forma electrónica y no hay deliberación presencial.
Las defensas de los 100 acusados tuvieron hasta las 23:59, hora local, del lunes para enviar apoyo oral por medios electrónicos.
Todos los cargos fueron presentados por la Procuraduría General de la Unión y en total, el órgano ofreció mil 390 denuncias al STF.
La prioridad del juicio está siendo dada a los imputados que siguen presos, 86 mujeres y 208 hombres, quienes permanecen en el sistema penitenciario del DF por implicación con los actos golpistas.
Hasta el momento, la Fiscalía General presentó acusaciones teniendo en cuenta tres grupos de de personas: los que invadieron y depredaron edificios públicos, quienes acamparon frente al Cuartel General del Ejército para incitar a las Fuerzas Armadas y las autoridades que supuestamente se ocultaron ante los acontecimientos.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, grupos de partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro protagonizaron eventos golpistas el 8 de enero en Brasilia. En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon las sedes del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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