El estudio presentado el martes por la firma M&R Consultores reveló que el 93.4 de la muestra aprobó el llamado realizado el 11 de enero por el presidente Daniel Ortega a la reconstrucción de una gran alianza nacional en 2022, con las divisas de unidad, diálogo y consenso.
El sondeo realizado a mediados de enero mediante mil 700 entrevistas presenciales, seleccionadas de manera aleatoria por un programa de computación, demostró que la mayoría de los nicaragüenses califican con notas sobresalientes a las principales instituciones del Estado.
Según la pesquisa, el Ejército de Nicaragua cuenta con un 91,9 por ciento de anuencia a su gestión, y también sacan levadas notas el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (90,2), el Ministerio de Salud por su labor en el enfrentamiento a la pandemia (82,2) y la Policía Nacional (61,4).
Tales datos confirman la tendencia de la intención de voto favorable al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de cara a las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre próximo.
El FSLN acaparó 51,5 puntos porcentuales en simpatía política, y la oposición en su conjunto 3,3, con una franja de 45,2 que se considera independiente.
De otra parte trascendió en los últimos siete días que el diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión Economía de la Asamblea Nacional (parlamento), refutó la campaña orquestada por sectores de la oposición y medios afines contra la reciente reforma a la ley de protección de los consumidores.
Entre las matrices de opinión instrumentadas en medio de ese ataque que pretenden sembrar zozobra entre los nicaragüenses están las que anuncian las pérdidas de las remesas desde el exterior y de las corresponsalías de bancos nacionales con entidades foráneas similares.
La reforma obliga a prestarles servicios financieros a todos los nicaragüenses sin ningún tipo de distinción, incluida su militancia política.
En ese sentido los bancos deberán restituir los derechos financieros de las personas e instituciones que fueron objeto de sanciones unilaterales por parte de gobiernos extranjeros, Estados Unidos y Canadá en la fundamental.
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