La propuesta de la normativa una vez presentada al gabinete de esta nación centroamericana se enviará al Congreso Nacional para su posterior aprobación.
“Creo que no existe un hondureño que no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo de lograr justicia tributaria en nuestro país”, manifestó la jefa de Estados durante un acto nacional celebrado el viernes último.
Según la mandataria, a su Gobierno le corresponde la potestad asignada por el pueblo de hacer las transformaciones necesarias para lograr el establecimiento de un Estado de derecho y eliminar la destrucción tras 12 años de administraciones neoliberales.
“Debemos parar los abusos que se llevaron a cabo en los últimos años”, subrayó la primera mujer presidenta de Honduras.
De acuerdo con el secretario del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, en el país existen 300 mil empresas, de las cuales 21 mil son formales, 280 mil informales que sí pagan impuestos, mientras menos de dos mil no abonan los tributos. En ese sentido, se refirió a los empresarios hondureños de mayor riqueza quienes tienen decenas de formas habilitadas para evadir impuestos.
Entre las evasiones fiscales de las empresas con “privilegio heredado de los gobiernos anteriores, el funcionario mencionó los impuestos sobre la renta, activo neto, ganancias de capital, derechos arancelarios a la importación y aportación social para la conservación del patrimonio vial.
A finales de marzo último, el diputado Rafael Sarmiento expresó que, ante la negativa de varias bancadas a lo interno del Congreso Nacional, el proyecto se someterá a una socialización con todas las fuerzas políticas.
La ley de Justicia Tributaria en Honduras es producto de un diagnóstico de más de un año elaborado por unas 15 instituciones del sector público.
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