Un reporte de la Fiscalía del país andino reveló que tres de los cinco heridos que dejó el ataque fallecieron este domingo. Las dos personas que permanecen hospitalizadas tienen pronóstico reservado de acuerdo con el órgano de justicia.
De acuerdo con el comandante de la denominada Zona 8, de esa urbe costera, Marco Villarroel, cuatro de los fallecidos tenían antecedentes penales y otra de las víctimas registra seis detenciones, todas por robo.
Villarroel reveló que entre los heridos hay una niña de 5 años, que será operada para extraerle las esquirlas.
El suceso ocurrió en las inmediaciones de un taller mecánico, donde varios sujetos armados con fusiles dispararon contra las personas que observaban allí el partido de fútbol de Barcelona ante Técnico Universitario.
Guayaquil se encuentra bajo un estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, para contrarrestar la violencia, según señaló el mandatario al aplicar la medida restrictiva.
Esta nueva masacre tiene lugar dos días después de que el Gobierno declaró al terrorismo, perpetrado por bandas criminales, como una amenaza contra la estructura del Estado.
El pasado 13 de marzo, cerca de 30 hombres armados dispararon contra un puerto pesquero de la provincia de Esmeraldas. La balacera causó la muerte de nueve personas, la mayoría de ellas, trabajaban en ese puerto.
Debido al incremento de la violencia, el ministro de Defensa de Ecuador, Luis Lara anunció que actuarán contra las organizaciones terroristas en el país andino una vez sea emitido el decreto ejecutivo que lo autorice.
El anuncio del titular de Defensa ecuatoriano tuvo lugar tras la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), la tarde del jueves, donde declararon al terrorismo como una amenaza que será enfrentada de manera firme en medio de la creciente ola de violencia en Ecuador.
La declaratoria, de acuerdo con Lara, permitirá a la Fueras Armadas iniciar operaciones militares contra las bandas narcodelictivas que operan en el país sudamericano.
Ecuador sufre una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno atribuye a organizaciones delictivas asociadas al tráfico de drogas y a la respuesta de esos grupos a las acciones para enfrentarlas.
Las provincias de Esmeraldas y Guayas se han convertido en el epicentro de la criminalidad en esta nación sudamericana, ambas bajo el estado de excepción decretado recientemente por el presidente Lasso.
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