La medida llega luego de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) recomendara al mandatario actuar de esa manera para enfrentar la ola de violencia en el país.
El secretario jurídico de la presidencia, Juan Pablo Ortiz, dio lectura al decreto en una ceremonia este miércoles en el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo.
De acuerdo con la normativa, las Fuerzas Armadas deben ejecutar operaciones para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas «con todos los medios a su disposición» y en coordinación con la Policía.
Igualmente, instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas a garantizar los recursos para las acciones contra la delincuencia y exhorta a todas las funciones del Estado a apoyar dichos propósitos.
La semana pasada el Cosepe calificó al terrorismo como una amenaza para el Estado porque atenta contra su estructura y soberanía.
El jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, aclaró hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que no han sido declarados terroristas los grupos delincuenciales, sino los actos terroristas, más allá de quien sea que los cometa.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, destacó que próximamente el legislativo debatirá la propuesta de reforma constitucional para que los militares se involucren en la seguridad interna de forma permanente, es decir, sin necesidad de declarar estados de excepción.
El gobierno de Lasso implementa ese tipo de medidas ante la escalada de la violencia en el país, con cada vez más frecuentes robos, asaltados, asesinatos, extorsiones, secuestros, entre otros crímenes.
No obstante, analistas y organizaciones de la sociedad civil advierten sobre el alcance del decreto ejecutivo que puede servir de pretexto para actuar contra movimientos sociales y políticos.
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