Más de 15 millones de personas están convocadas a las urnas el 7 de mayo para escoger a 50 consejeros de las cinco listas presentadas por tres coaliciones y dos partidos políticos de diferentes tendencias.
Para René Jara, profesor asociado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), hay menos interés del electorado con respecto al proceso pasado, que concluyó con el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.
En entrevista concedida a Prensa Latina, el académico mencionó entre los factores la poca difusión acerca de los candidatos, de la oferta de las alianzas y partidos y de la planilla por la cual se debe votar.
Si en la anterior convocatoria hubo una gran participación de la ciudadanía, ahora es dirigida esencialmente por la cámara de diputados y senadores, afirmó.
“Este es un proceso que se ve como lejano, bastante poco ciudadano, más bien formal y no sustantivo”, dijo.
A partir de un borrador elaborado por una comisión de 24 expertos, el Consejo Constitucional, que se instalará el 7 de junio, tendrá la responsabilidad de redactar y aprobar la propuesta de carta magna que será sometida a referendo el 17 de diciembre.
Jara considera que puede haber menor participación con respecto al plebiscito anterior, donde el voto era obligatorio, al igual que ahora.
La imposición de una multa podría no ser un factor disuasivo para que acudan a las urnas todos los electores, opinó.
En la contienda del 4 de septiembre la asistencia fue de 85,86 por ciento, la mayor participación registrada en la historia de Chile.
Ahora, en una encuesta realizada por la firma Pulso Ciudadano, el 76 por ciento de los empadronados dijeron que acudirían a votar, aunque apenas 26,3 de cada 100 consultados manifestaron estar interesados o muy interesados en el proceso constituyente.
Los sondeos de opinión también prevén un resultado favorable para las fuerzas de la oposición, recordó el profesor de la Usach.
Afirmó que esos sectores se atribuyeron el rechazo a la anterior propuesta de carta magna como un triunfo de ellos y una desaprobación a las políticas implementadas por el Gobierno.
Por otra parte, la derecha logró posicionar la inseguridad como el tema transversal de toda la campaña, incluso del oficialismo, y de los medios de comunicación.
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