En septiembre de 2010, las autoridades sorprendieron a Añes en la comuna capitalina de Estación Central cuando transportaba cuatro paquetes de clorhidrato de cocaína desde Antofagasta.
Por este hecho, sumado a una condena anterior por microtráfico, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago le impuso una pena de cinco años y un día de cárcel, además de inhabilitarla para cargos públicos.
Luego de que el diario digital El Mostrador revelara estos antecedentes, el PDG desistió de apoyar su candidatura y Añes se vio precisada a dimitir de la postulación.
El caso provocó un escándalo, cuando apenas faltan tres días para la elección de los 50 miembros del Consejo Constitucional encargado de elaborar el anteproyecto de nueva carta magna del país, que será sometido a referendo el 17 de diciembre.
“Es impresentable que lleven candidaturas ligadas al narcotráfico. En medio de una crisis de seguridad, llevar candidaturas con este prontuario es escandaloso”, dijo el diputado Daniel Manouchehri, jefe de bancada del Partido Socialista.
Añes, aspirante a consejera constitucional por la región de Arica y Parinacota, se presentaba como experta en materia de seguridad y afirmaba participar en operativos.
“Es inaceptable y grave para nuestra democracia que se haya permitido una candidatura del PDG que se autodenominaba como experta en seguridad, y cuente con una condena por tráfico de cocaína. Chile no los merece”, escribió en su cuenta de Twitter la legisladora Catalina Pérez.
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