La presencia de los militares es visible en sitios de alta concurrencia, como estaciones de ómnibus, donde ejecutan requisas y controles en busca de drogas, armas, explosivos y otros artefactos que pueden alterar la tranquilidad.
El mayor Jaime Mayorga, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, declaró al canal local Teleamazonas que las acciones realizadas en las últimas semanas arrojan resultados positivos, pues se redujeron entre un 35 y un 40 por ciento los delitos en el transporte público.
En las noches, las acciones de los uniformados se centran en inspeccionar automóviles para verificar que sus ocupantes no porten armas ni sustancias sujetas a fiscalización.
La disposición gubernamental es mantener las operaciones militares en las calles de las ciudades para reducir los índices de delincuencia y, sobre todo, para evitar posibles “ataques terroristas” a la población.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, emitió el pasado 3 de mayo un decreto ejecutivo que autoriza a las Fuerzas Armadas a «reprimir la amenaza terrorista», ya sea que provenga de personas o de organizaciones, con todos los medios a su disposición y en conjunto con la Policía Nacional.
Esa medida llega en medio de críticas al Gobierno por la ola de violencia en el país, donde se registran enfrentamientos entre bandas delincuenciales en las cárceles y, en las calles, secuestros, extorsiones, robos, asesinatos, entre otros delitos.
El Gobierno atribuye la situación a su lucha contra el crimen organizado y a las disputas de las pandillas por dominar el tráfico de drogas.
No obstante, la reciente declaración del terrorismo como una amenaza al Estado en Ecuador genera dudas sobre su implementación, alcance y efectividad frente a la creciente inseguridad.
Para los expertos, esas acciones pueden mejorar temporalmente la imagen del Gobierno, pero para ver efectos a largo plazo es imprescindible atacar las causas del problema.
Además, la declaración sobre el terrorismo como forma de entender los actos criminales podría justificar la neutralización de cualquier opositor político, advierten especialistas.
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