Serán momentos de la controversia que hoy tiene en jaque a la alianza que en el Ejecutivo y el Parlamento ha gobernado a Uruguay en la administración del presidente Luis Lacalle Pou.
El mandatario actuó ante lo que consideró práctica criticable de la ministra, quien adjudicó de forma directa una vivienda mediante un programa institucional a una militante de su organización política.
Tal proceder dejó, presuntamente, en evidencia una práctica de política clientelar, sobre lo cual medios de prensa agregan hoy otras adjudicaciones.
Para CA la decisión del mandatario es un ataque a esa organización política.
Lo cierto es que Cabildo Abierto ha sido una piedra en el zapato en la alianza gubernamental, con demandas y posturas que incluso pusieron en entredicho la aprobación de la reforma jubilatoria, la cual finalmente se convirtió en ley.
Para ello el presidente Lacalle Pou hizo concesiones al proyecto original y, en reacción en cadena, el debilitado Partido Colorado sumó resonancia al agregar exigencias que fueron también añadidas a la normativa.
No es secreto que entre el mandatario y el senador Guido Manini, líder de CA, la relación es difícil.
Los cabildantes tienen en puestos del gobierno, incluidos ministros, a más de medio centenar de funcionarios.
Además, el voto de los legisladores de esta agrupación política resulta necesario para que la coalición que respalda a Lacalle Pou tenga mayoría para consumar leyes y se apruebe su Rendición de Cuentas.
La jornada podría ser decisiva para la alianza de gobierno, que hoy exhibe cicatrices y heridas sin sanar.
Pero quizás mande otra vez la divisa de: todos contra el Frente Amplio, el referente de la izquierda uruguaya, quizás ganador neto, por ahora, de estas contradicciones en el oficialismo.
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