Lo anterior se conoció tras una reunión sostenida anoche con la presidenta Xiomara Castro, donde se compartió el acuerdo a ejecutar en respuesta a las instrucciones por parte de empresas y organizaciones privadas de financiar marchas contra el referido documento.
En cadena nacional de Radio y Televisión la mandataria señaló que las provocaciones ocurridas en las calles de la sureña ciudad de Choluteca el martes último pusieron en peligro el orden, la paz y la seguridad interior del Estado.
“Este consejo ordena la investigación exhaustiva de los hechos acaecidos (…) cuando empresas privadas y organizaciones políticas dieron instrucciones y financiaron a sus empleados y seguidores para movilizarse en las calles”, manifestó.
La jefa de Estado señaló que dichas acciones buscan impedir la discusión y posterior aprobación en el Congreso Nacional de la normativa, cuyo objetivo principal es eliminar el abuso de las exoneraciones.
Asimismo, se informó que a los responsables de instigar, manipular y financiar dichas conductas que afectan los derechos de la ciudadanía, deberán deducirse las responsabilidades y ejecutar las acciones de ley.
La presidenta añadió que tales conductas forman parte de una campaña para manipular información y desprestigiar el trabajo del Ejecutivo.
En ese sentido, llamó a la población hondureña a mantenerse atenta ante estas operaciones de personas y grupos que pretenden utilizarlos para mantener sus privilegios y evitar rendir cuentas.
Previo a la discusión del dictamen en el Congreso Nacional, una comisión desarrolla desde el lunes último el proceso de socialización de la iniciativa de ley con diferentes sectores de la sociedad y con todas las bancadas del poder Legislativo.
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