Tal demanda es firmada por la vicefiscal general, Lindôra Araujo, después que el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, accionara la Procuraduría General de la República con una notificación judicial, al alegar que las dos empresas realizaron «contundente y abusiva acción» contra la aprobación de la conocida como PL de las Noticias Falsas.
Araujo afirma en el documento, en el cual pide apertura de indagación, que los hechos envolviendo la conducta de los dirigentes traducen potencialidad delictiva.
«El escenario fáctico narrado apunta a la existencia de elementos de información mínimos de la práctica de conducta delictiva que fundamentan la posibilidad de iniciar un procedimiento de investigación bajo la supervisión del Tribunal Supremo», escribió la vicefiscal general.
Google mostró el 1 de mayo en su página un enlace contrario a la propuesta.
Titulado «El PL de las Fake News (Noticias Falsas) puede aumentar la confusión sobre lo que es verdad o mentira en Brasil», el enlace apuntaba a un artículo firmado por Marcelo Lacerda, director de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de la compañía en Brasil.
El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), determinó ayer que Telegram borrara el mensaje enviado a los usuarios el 9 de mayo con críticas al proyecto.
Si la decisión fuera incumplida, el juez decretó además que haya suspensión de la aplicación en todo el territorio nacional por 72 horas, además de multa de 500 mil reales (unos 100 mil dólares). La aplicación cumplió la orden.
De Moraes determinó el 2 de mayo que la Policía Federal escuche al director de Google en Brasil sobre la publicidad contra el PL de las Noticias Falsas.
En el despacho, el magistrado menciona un estudio realizado por investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro, según el cual las empresas digitales iniciaron una campaña contra el proyecto de ley «de forma opaca y burlando sus propios términos de uso».
Según el ministro, la actuación de esas compañías puede constituir abuso de poder económico y favorecer la desinformación ejercida por milicias digitales en las redes sociales.
Bautizado asimismo como PL de las Fake News, el texto está en trámite en el Congreso desde 2020, pero ganó fuerza después que el 8 de enero adeptos radicales del exmandatario Jair Bolsonaro, supuestamente coordinados a través de grupos en plataformas digitales con consignas golpistas, invadieran el Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. mgt/ocs
