Las acciones se realizan en los estados de Mato Grosso do Sul, Sao Paulo y Paraná.
Resulta la oncena fase de la operación llamada Lesa Patria, iniciada en enero para identificar y reunir indicios contra posibles implicados en actuar, financiar y estimular los hechos que depredaron las sedes de los tres poderes en Brasilia.
Según el portal G1, TV Globo descubrió que hay empresarios, productores rurales y coleccionistas de armas, tiradores o cazadores deportivos entre los investigados citados en la cruzada.
De acuerdo con la PF, la Justicia determinó el bloqueo de bienes, activos y valores de los involucrados hasta el límite de 40 millones de reales (unos ocho millones de dólares).
Tal cantidad puede ser utilizada, en caso de condena, para cubrir los daños al patrimonio público y resarcir al Estado.
Desde el martes, el Supremo Tribunal Federal (STF) analiza el cuarto conjunto de denuncias presentadas por la Fiscalía General contra acusados de participar en los actos golpistas.
El juicio tiene lugar en el pleno virtual de la corte, formato de deliberación en el que los ministros depositan sus votos en una página del STF en Internet, sin la necesidad de una sesión presencial o por videoconferencia. La deliberación finaliza el 15 de mayo.
Tal escudriñamiento es hecha por los jueces caso por caso, es decir, la situación de los acusados es analizada de forma individual.
Si las denuncias son recibidas, los inculpados pasan a responder a una acción penal en el juzgado superior.
Hasta la fecha, el Supremo acusó a 300 personas de participar en acciones antidemocráticas en dos escrutinios anteriores, iniciados desde finales de abril.
De los procesos pautados, 225 son contra vándalos que invadieron los edificios del STF, del Congreso Nacional y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo. Otros 25 enfrentan acusaciones de incitar las protestas violentas.
La Fiscalía cita crímenes como asociación criminal, golpe de Estado, deterioro de patrimonio derribado, daño calificado e incitación al crimen.
El derrotado mandatario Jair Bolsonaro es uno de los investigados y declaró ante la PF la semana pasada.
Grupos de adeptos radicales del exmilitar inconformes con el resultado de las elecciones de octubre, ganadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se instalaron en carpas durante dos meses frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia.
Estimulados por discursos de odio, el campamento acudió a la violencia y resultó la base de los ataques terroristas del 8 de enero contra los predios de los tres poderes.
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