La Cámara de Cuentas es el organismo constitucional de control externo de los recursos públicos, procesos administrativos y patrimonio del Estado.
La creación de esa Comisión, aprobada por los 122 legisladores presentes en el Parlamento, deberá dar sus conclusiones en los próximos 30 días.
El órgano bajo lupa posee personalidad jurídica instrumental, carácter técnico y autonomía administrativa, operativa y presupuestaria, correspondiente al examen de las cuentas generales y particulares de la República mediante auditorías, estudios e investigaciones especiales.
Como Órgano Superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría, esa Cámara está facultada para emitir normas de carácter obligatorio y efectuar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y auditoría de los recursos públicos.
Desde hace años, ese organismo está en la mira pública debido a una serie de inconformidades sobre su funcionamiento y situaciones anormales, que ponen en entredicho su credibilidad.
Estas denuncias se han centrado en supuestas acciones de miembros del organismo y abarcan, según reportes publicados en la prensa nacional, aspectos como “denuncias de corrupción, irregularidades administrativas y acoso laboral y sexual”.
La Cámara de Cuenta la integran cinco miembros elegidos por el Senado por un período de cuatro años.
La recién constituida Comisión investigadora funcionará bajo la tutela de Rogelio Alfonzo Genao, presidente de la Comisión Permanente de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados.
De los resultados de las pesquisas, los posibles involucrados en delitos podrían ser sometidos incluso a juicios políticos.
Algunos legisladores, como José Horacio Rodríguez, indicaron que esperan una recomendación al Pleno para que disponga, una vez concluido su trabajo, lo establecido por Ley.
Otro congresista, Víctor Suárez, indicó que ni la Constitución Nacional ni los reglamentos establecen cómo realizar un juicio político, bajo la tutela del Senado, a quienes incumplieron con el reglamento de la Cámara de Cuenta, en caso de que sean positivas las acusaciones.
En varias oportunidades, desde partidos políticos han surgido denuncias contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Jamel Andrés Ramírez, por acusaciones de acoso sexual de dos abogadas empleadas de ese organismo de control fiscal.
De seguir ese camino, los posibles implicados pueden ser inhabilitados hasta de 10 años para ocupar cargos y empleos en el sector público.
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