Si bien esta práctica era empleada en el XVII por los países de Europa Occidental en su pretensión colonialista, ahora esa complicidad se ha sofisticado a través de leyes, bancos, partidos políticos y Gobiernos supeditados a intereses geopolíticos o de sumisión.
La más reciente decisión de Washington sobre la República Bolivarianaes la expresión exacta de ese “robo descarado”, como lo llamó el presidente Nicolás Maduro al referirse a la Licencia General 42 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Dicha instancia, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, emitió el 1 de mayo ese documento que autoriza a la inexistente Asamblea Nacional (Parlamento) electa en 2015, cuyo período venció en 2021, a realizar las transacciones “necesarias para la negociación de acuerdos de solución”.
En términos más explícitos, la OFAC traspasó a la autodenominada Plataforma Unitaria —coalición que aglutina a lo más extremista de la oposición venezolana—la potestad de disponer a su antojo del control de activos de Venezuela o de llegar a acuerdos sobre negociaciones de deudas del Estado sudamericano.
Y es ahí donde sale a relucir la empresa Citgo PetroleumCorporation, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), considerada uno de los principales activos del país en el exterior, con un valor patrimonial calculado en más de 13 mil millones de dólares.
Según el Observatorio Venezolano Antibloqueo, esta entidad dispone en el territorio norteño de una red de distribución de gasolina que abastece a cuatro mil 200 puntos de venta en la mitad este de Estados Unidos y genera ganancias de casi tres mil millones de dólares.
La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez denunció ante la prensa nacional y extranjera que esta es una licencia sin precedentes que favorece a grupos económicos, fundamentalmente estadounidenses.Subrayó que el Gobierno de Joe Biden se sirvió de un tribunal para su propio beneficio, además de seguir financiando a la oposición.
“Nos costaba creer que hubiesen llegado a ese límite, que se hubiesen atrevido a tanto, era difícil de creer, pero es muy clara la licencia”, remarcó.
La también ministra de Economía y Finanzas fijó la posición del Ejecutivo venezolano al afirmar que se desconocerá cualquier decisión relacionada con la Licencia General 42 y ratificó que no reconocerán negociación ni tipo de acuerdo de pago alguno a acreedores que no estén avalados por el Estado.
Pdvsa señaló en un comunicado que no tendrá validezpara ella o sus filiales ningún convenio celebrado o ejecutado con base en esa normativa; el Parlamento la rechazó en forma unánime y advirtió que cualquier ejecución es nula e ilegal y será desconocida tanto por el Estado venezolano como por la Asamblea Nacional.
(Tomado de Orbe)
