La audiencia es esperada por los gigantes de la tecnología y la sociedad civil, y se realizará en medio del debate sobre el llamado Proyecto de Ley de las Fake News (PL de noticias falsas).
Entre las acciones pautadas, figura el recurso presentado por la empresa estadounidense Meta, controladora de las redes sociales Facebook e Instagram, que cuestiona el artículo 19 del Marco Civil de Internet.
Tal apartado establece que los proveedores, sitios virtuales y redes sociales tienen responsabilidad civil por publicación y textos ilícitos si no adoptan medidas para la eliminación de los contenidos después de un fallo judicial.
Según el texto legal, los proveedores solo pueden ser responsables en los casos en que, después de una orden judicial específica, no eliminen de manera oportuna el contenido señalado como ilícito, nombrado judicial notice and takedown.
De esa forma, el artículo 19 determinó que la palabra final sobre lo que es o no lícito en las plataformas es siempre del Poder Judicial y las empresas no pueden ser responsabilizadas por contenidos de terceros si no incumplen el laudo judicial de remoción.
Por tal razonamiento, las compañías son libres de adoptar sus reglas y operaciones de moderación de contenido, pero no estarán obligadas a indemnizar por no atender la demanda extrajudicial de un usuario.
También están previstas las acciones que discuten la suspensión de la aplicación de mensajería WhatsApp en todo el gigante sudamericano.
Lo anterior implica la interrupción del aplicativo multiplataforma si se niega a proporcionar datos de mensajes privados intercambiados por usuarios, los cuales sean objetivo de investigación criminal.
Al respecto, el procurador general Augusto Aras opinó a favor de la responsabilidad de las plataformas por contenidos publicados en las telarañas sociales.
Sostiene que debe ser abierta, excepción a la libertad de expresión, en casos de prácticas ilícitas «para evitar que las plataformas sirvan de espacio para contenidos violadores de derechos fundamentales».
Aras aboga por una solución intermedia y rechaza la imposición de «fiscalizar toda información» que transita por las redes, pues esto causaría «excesiva carga» a las plataformas y «tropezaría con el derecho a la libertad de expresión».
Remarca que las redes deben tener herramientas eficientes para recibir notificaciones de los usuarios y eliminar «contenido sabidamente ofensivo, ilícito o humillante».
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