La realidad mantiene en la zozobra a las personas que tienen como principal fuente de sustento las remesas que, en cifra superior a los siete mil millones de dólares, llegaron desde Estados Unidos de familiares que como Carmen Sánchez, tiene a “tres muchachos a los que estoy sacando adelante en El Salvador”, según declaró a medios de prensa.
Ese es el caso de algunas de las 260 mil personas de esta región que viven sin un estatus legal en territorio estadounidense y que están amenazados por el vencimiento del programa Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
“¡Nunca dejaré a mis hijos, mis hijos son mi vida!” fue el grito de guerra que se oyó este martes frente al Casa Blanca, donde cientos de personas, muchas de ellas madres, clamaron para exigir un alivio migratorio temporal para los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, señaló una reseña del diario californiano La Opinión.
Muchos en El Salvador están al tanto del reclamo que ocurrió en la plaza de Lafayette, frente a la residencia oficial del presidente estadounidense, Joe Biden, escenario de una protesta para exigir la extensión del TPS.
La deportación de esas personas a sus países de origen pudiera traer más sufrimiento pues muchos emigraron por desastres naturales o afrontar graves problemas de violencia, que paradójicamente fueron traídos a estas tierras por paisanos deportados desde territorio norteño.
Es el caso de las pandillas que surgieron y florecieron en las calles estadounidenses, y que luego fueron trasplantadas acá por políticas migratorias, y es el caso de miles de salvadoreños, por ejemplo, que migraron hacia el norte en busca de mejoras económicas para poder mantener a sus familias.
La crisis alarma a personas que durante más de 20 años viven en Estados Unidos de forma ilegal, pero que tienen ya hijos menores que por nacimiento tienen derecho a la ciudadanía y que de ser deportados tendrían que abandonar.
En noviembre pasado, la Casa Blanca anunció una ampliación del TPS para los nacionales de El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta junio de 2024, no obstante no se aprecia una luz en el camino para una reforma de las leyes migratorias que contemple estos casos al igual que los millones que viven sin papeles.
En territorio norteño viven hoy cerca de 50 millones de inmigrantes, la mayoría con status legal y aunque la cifra de ilegales es desconocida, algunos la sitúan en más de 15 millones.
El problema tiende a cobrar más notoriedad después que el jueves último se levantara el Título 42, una norma sanitaria estadounidense por la Covid-19 que permitía la expulsión de manera expedita a quienes llegaban a su frontera de forma irregular.
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