La víspera, el pleno de la SCJN invalidó un decreto presidencial sobre proyectos prioritarios clasificados como de seguridad nacional publicado en 2021 los cuales contemplan importantes obras en plena construcción claves para el desarrollo económico y social del país, y fuentes de trabajo en la actualidad y el futuro.
Aunque los magistrados no fijarán los efectos de la decisión hasta el lunes cuando reanuden el tratamiento del tema, el bloqueo a la reserva de información sobre los proyectos estratégicos, motivó al presidente Andrés Manuel López Obrador a emitir un decreto al respecto.
En él estipula que la construcción, mantenimiento, funcionamiento, operación y administración de la infraestructura del Tren Maya, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum en Quintana Roo, “son de seguridad nacional y de interés público”.
Dicho decreto lo publica el Diario Oficial de la Federación (DOF) y va contra la decisión de la SCJN en cuanto a que, al declararlas obras públicas de seguridad nacional, se reserva toda la información relacionada con ellas, es decir, lo que acaba de rechazar la Corte que dirige la magistrada Piña.
El decreto establece que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar» y allí incluye a todas las obras señaladas.
Los ministros, por su parte, votaron a favor del inocuo e inútil Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información (Inai) calificado por el gobierno como un nido de corrupción.
Al igual que ocurrió con el Instituto Nacional Electoral, los partidos de oposición y la SCNJ lo toman de bandera para oponerse al gobierno, y apoyan la controversia presentada por el Inai contra el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional, y la refinería de Dos Bocas.
Evidentemente, aunque la SCJN quiera dar por inexistente el decreto original, las obras no se detendrán y las resoluciones finales del lunes incumbirán solamente al Inai por ser un acto meramente administrativo, opinó la ministra de ese órgano Yazmín Esquivel.
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