Los magistrados de la también llamada Sala IV condenaron además al Estado costarricense al pago de costas y perjuicios del proceso, que deberán tramitarse en ejecución de sentencia en el Tribunal Contencioso Administrativo, según comunicado de prensa de ese tribunal.
El fallo sostiene que «a los funcionarios públicos les asiste todo el derecho, y el deber en ciertos casos, de formular críticas, aun vehementes, contra los medios y periodistas cuando, según sus puntos de vista, lo hacen de manera injusta, falaz o desmedida a la hora de difundir una noticia o un comentario».
Pero, los magistrados determinaron que «ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos».
El 9 de enero pasado, en conferencia de prensa para respaldar a la entonces ministra de Salud Jocelyn Chacón, quien reconoció haber pagado a troles para atacar a periodistas que le eran adversos, entre ellos Ureña, el mandatario tico afirmó «son sicarios políticos los periodistas de ciertos medios que se han dedicado a atacar a esta ministra sin razón».
Además, los magistrados consideraron que las conferencias de prensa, en especial las televisadas, resultan de gran utilidad para los Estados Democráticos, no obstante, la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa.
De ahí que, por unanimidad, declararon parcialmente con lugar el recurso de amparo, únicamente para efectos indemnizatorios.
En su amparo por esas expresiones de Chaves, Ureña señaló la necesidad de la intervención enérgica de la Sala Constitucional, en resguardo de los valores democráticos que sostienen el régimen jurídico-político de Costa Rica.
Asimismo, indicó que «este amparo somete a conocimiento del alto Tribunal Constitucional una conducta reincidente por parte del señor Presidente de la República, que obedece a una estrategia clara y voluntaria, emprendida desde su campaña política, consistente en atacar a algunos medios de prensa, llegando incluso a prometer la destrucción de dos de ellos».
Esta resulta la segunda condena de la Sala IV contra el presidente y su Gobierno por ataques a la prensa, pues en octubre anterior declaró con lugar un recurso de amparo por el cierre arbitrario del Parque Viva, propiedad del Grupo Nación, también dueño del diario La Nación, que junto a Teletica, canal 7 y CRHoy.como son los principales blancos de Chaves.
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