La corte registró la semana pasada marcador de cuatro votos a uno para inculpar a esa cifra de sujetos que responderán a una acción penal y se convertirían en imputados en el proceso.
Ese dígito resulta el sexto grupo de investigados, totalizando mil 176 de las mil 300 denuncias presentadas por la Procuraduría General de la República.
Además del relator, ministro Alexandre de Moraes, los jueces Gilmar Mendes, Días Toffoli, y Carmen Lucía también votaron por la recepción de los nuevos cargos. Solo el letrado André Mendonça divergió de la aceptación de las acusaciones.
El juicio ocurre en plenario virtual, modalidad en la cual los ministros depositan los votos en el sistema electrónico del STF y no hay deliberación presencial.
Si la mayoría de los magistrados acepta las denuncias, los acusados deberán responder por los delitos de incitación al crimen y asociación criminal.
El bloque está formado por quienes actuaron como autores e instigadores de los actos antidemocráticos.
Hasta el momento, el STF hizo acusados a mil 45 investigados en un juicio que tuvo las primeras denuncias en abril.
También la semana pasada quedó instalada la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) sobre los eventos golpistas.
La primera sesión de la junta evidenció el clima acalorado que probablemente marcará las venideras citas de la CPMI, con intercambios exaltados entre parlamentarios de la base y la oposición.
El colegiado tendrá 180 días para investigar las acciones y podrá elevar sus resultados ante la Fiscalía General, con el fin de aportar pruebas al proceso penal.
Partidarios extremistas del derrotado mandatario Jair Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero casi siete mil bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios capitalinos del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
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