Tal última cifra representa las acciones abiertas de un total de mil 390 acusaciones formales presentadas por la Procuraduría General de la República.
La sesión virtual que analizó este bloque se cerró a las 23:59, hora local, de este lunes y la principal acusación, en todos los casos, es la de incitación a la animosidad de las Fuerzas Armadas contra poder constituido y de asociación criminal.
Esas denuncias apuntan a personas arrestadas en el campamento instalado frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, al día siguiente de los ataques a las sedes de los tres poderes del Estado.
Además del relator Alexandre de Moraes, votaron favorablemente al recibo de las acusaciones los ministros del Supremo Antonio Días Toffoli, Cármem Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso y Edson Fachin, mientras Nunes Marques y André Mendonça divergieron del ponente.
Con la recepción de la denuncia y la apertura de un proceso penal, comienza la nueva fase de instrucción del proceso, en la que se escuchan testigos de defensa y acusación, por ejemplo.
Solamente al final de esa etapa es que el STF deberá juzgar, caso por caso, eventual condena de los reos, pero no hay plazo para que eso ocurra.
El próximo viernes, el tribunal superior deberá comenzar a analizar un nuevo lote de 70 denuncias, también por medio de sesión virtual, que se extenderá hasta las 23:59, hora local, del día 9.
Con este séptimo bloque, las denuncias presentadas a la corte suman mil 245.
Todos los análisis en el STF componen dos investigaciones.
Una a los autores intelectuales y a las personas que instigaron los actos, y la acusación es de incitación al crimen y asociación criminal, y la otra indaga sobre los ejecutores materiales.
Las denuncias abarcan los delitos de asociación criminal armada, la abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daño calificado. La acusación implica también la práctica del crimen de deterioro de patrimonio destruido. Partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro disfrutaban de la instalación de campamentos, bajo patente de protestas pacíficas y libre expresión, en ciudades y en especial en Brasilia, contra el resultado de las elecciones de octubre y la asunción al poder por tercera vez del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el 8 de enero casi siete mil bolsonaristas (adeptos del exmilitar y apropiados del color amarillo de la bandera) irrumpieron y saquearon los predios capitalinos del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo.
mgt/ocs
