La disposición incluye también la reducción de impuestos para productos como el tabaco, las bebidas alcohólicas y edulcoradas y a los plásticos.
De acuerdo con la abogada Angélica Porras ese mecanismo viola varios derechos constitucionales, como el derecho a la salud, y el derecho a la protección. Los más afectados, dijo, son las niñas, niños y adolescentes.
Los activistas exigieron al gobierno de Lasso la inmediata derogatoria del Decreto, como una medida para proteger la salud pública y la economía de la población.
El pasado mes de enero el Jefe de Estado puso en marcha la medida que despertó de inmediato el rechazo de varias organizaciones sociales, como el Congreso por la Salud y la Vida, la Alianza por los Derechos Humanos en Ecuador, Usuarios del Mercado de Alimentos (CUUM), Acción Ecológica, entre otras.
De igual manera, varios analistas y ciudadanos ecuatorianos calificaron de incoherente la decisión de Lasso de rebajar los impuestos a las armas en medio del alza de la violencia en el país.
En ese momento, el presidente Lasso justificó la rebaja de diversos impuestos con una supuesta prosperidad económica, pero en opinión de observadores lo que busca es desviar la atención de las acusaciones de corrupción en que está envuelto su Gobierno.
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