En abril pasado el presidente Guillermo Lasso presentó un anteproyecto de Ley Orgánica de Protección y Desarrollo Integral para Niñas y Niños de la Primera Infancia, con el objetivo, según dijo, de que la protección a los menores no fuera el programa de un Gobierno, sino un asunto del Estado en el que se invirtieran los recursos necesarios.
La desnutrición crónica infantil fue una de las promesas de Lasso, pero su administración presenta cifras inexactas sobre la cantidad de niños que están en esa condición.
La última encuesta sobre el tema fue realizada en 2018 y los datos no eran alentadores, de acuerdo con el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INEC), Roberto Castillo, porque 27 por ciento de los niños menores de 2 años tenía desnutrición crónica en aquel entonces.
Según la directora de la red Pacto Global Ecuador, de Naciones Unidas, Mariana Tufiño, el país está en el segundo lugar de la región con el mayor porcentaje de menores en estado de desnutrición crónica.
De acuerdo con Tufiño, existen en esta nación problemas como la falta de agua potable y de condiciones para que los niños puedan tener un desarrollo integral.
Por otro lado, la violencia y las disputas entre bandas delictivas, asociadas al narcotráfico, provocaron la muerte de 192 menores en Ecuador en el año 2022, según datos oficiales.
Esa cifra significa más del doble que en 2021, cuando fallecieron 92 niños y adolescentes, y supera a los 57 pequeños asesinados en 2020, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional.
La mayoría de ellos tenía entre 12 y 18 años y perdieron la vida durante acciones impuestas por las bandas, al ser cooptados por el crimen organizado ante la ausencia del Estado.
También en 2022 un total de 195 mil 188 estudiantes desertó del sistema escolar, 34 por ciento entre 16 y 17 años, edad en la que son reclutados por las bandas.
En medio de esa situación, los ciudadanos han mostrado gran preocupación por el posible uso de armas en las escuelas tras el anuncio del presidente Lasso, el pasado 1 de abril, autorizando el porte de las mismas en defensa personal.
Las opiniones vertidas se concentran en las posibles consecuencias que podría traer el decreto en el ámbito educativo y consideran que Ecuador no está preparado para adoptar esta medida.
En los últimos meses, en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí y El Oro, donde imperan la delincuencia, el narcotráfico, sicariato y las bandas organizadas, cientos de familias dejaron de enviar a sus hijos a clases.
El presidente de la Unión Nacional de Educadores de Guayas, Hilario Beltrán, aseguró que a los docentes y padres de familia les preocupa que los estudiantes estén siendo captados por organizaciones criminales, para consumo y venta de droga.
Expertos y ciudadanos aquí aseguran que la causa de estos sucesos es la falta de políticas públicas integrales y el abandono estatal.
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