En los últimos 15 días de mayo, 11 viviendas en Jerusalén Este y el Área C resultaron demolidas como consecuencia de la falta de permisos de construcción emitidos por el ente de Tel Aviv.
Ante este panorama, 56 palestinos, de ellos 33 niños, fueron desplazados y los medios de subsistencia de más de 200 personas se vieron afectados.
Según el informe quincenal, más del 80 por ciento de las estructuras afectadas (35) se encontraban en el Área C, el resto en Jerusalén Este, de las cuales ocho las destruyeron sus propietarios para evitar el pago de multas a la ocupación.
La oficina humanitaria indicó que durante una operación militar israelí en el campamento de refugiados de Balata en el Área A de Cisjordania, los uniformados demolieron tres estructuras residenciales que provocó el desplazamiento de seis hogares con 34 personas, incluidos 20 infantes.
En este mismo contexto, el 23 de mayo las fuerzas de ocupación asaltaron la aldea de Ni’lin, cerca de Ramala, en la Zona B de Cisjordania, y destruyeron con fines punitivos la casa de una familia integrada por 14 ciudadanos, incluidos ocho niños.
Desde principios de 2023, 11 viviendas y una estructura agrícola han sido demolidas por motivos punitivos, en comparación con 14 estructuras en 2022 y tres en 2021.
La agencia de ONU precisó que las destrucciones por parte del régimen israelí son una forma de castigo colectivo y, como tal, son ilegales según el derecho internacional.
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