El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, estimó que la iniciativa presentada por el gobierno a la Asamblea Legislativa representará ahorros por 250 millones de dólares, mientras adversarios señalan que los proyectos del mandatario tienen un marcado interés electoral.
Cuando aun está fresco el mensaje presidencial del 1 de junio por sus primeros cuatro años de gobierno, las aguas amenazan con encresparse, algo que se verá cuando los proyectos de ley para reducir las municipalidades y diputados ingresen el martes a la agenda de la sesión plenaria de la Asamblea donde deben ser aprobados antes de las elecciones del próximo año.
Los proyectos de ley para reorganizar la división político-administrativa de El Salvador, de 262 municipios a 44, y disminuir de 84 a 60 las diputaciones presentados por Bukele anticipan recios enfrentamientos aunque, por el dominio que tiene el partido Nuevas Ideas en el Legislativo, deben avanzar sin contratiempos.
Críticas como la del concejal de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo, Héctor Silva, preguntan si en realidad se reducirán los costos, ya que el presidente aclaró que las oficinas de las municipalidades no serán suprimidas.
Silva señaló la presencia de «discursos contradictorios» entre un ahorro de costos y alcaldías que no desaparecerán. «Habría que ver qué tan real es la reducción de costos de la que habla el presidente», dijo.
Según los procedimientos, ambas iniciativas de ley ingresarán formalmente como piezas de correspondencia en la agenda de la sesión plenaria del martes próximo, luego se determinará si el pleno legislativo votará ese día, con dispensa de trámite, o si pasará a estudio, posiblemente de la comisión de asuntos municipales o reformas electorales, respectivamente.
La orden del mandatario a sus seguidores en la Asamblea fue categórica, ambas iniciativas de ley deberán estar aprobadas y en marcha antes de las elecciones generales de 2024.
Presuntamente la reducción de municipios cuenta con un amplio respaldo aunque algunas toldas políticas señalan que deberían ser aprobadas mediante una consulta popular antes de que los legisladores se pronuncien.
Para el caso de la reducción de las diputaciones, el presidente argumentó que la idea es retomar la cantidad de legisladores que había antes de los Acuerdos de Paz de 1992, algo a lo que se oponen sus adversarios al estimar que todo se inscribe en afianzar la mayoría del partido en el gobierno buscando perpetuarse en el poder.
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