Tal análisis fue suspendido en el Supremo en septiembre de 2021 después de una solicitud de vista del ministro Alexandre de Moraes.
El marcador del juicio está empatado a uno: el juez Edson Fachin votó en contra de la tesis y el también magistrado Kassio Nunes Marques se manifestó a favor.
La corte superior juzga si la jurisdicción de los terrenos nativos debe seguir el criterio, el cual define que los originarios solo pueden reclamar sus tierras ocupadas antes de la fecha de promulgación de la Constitución de 1988.
Actualmente, hay más de 300 procesos de demarcación de posesiones aborígenes abiertos en el país.
Los nativos están en contra de que se reconozca la tesis del hito transitorio, mientras que los propietarios argumentan que el criterio es importante para garantizar la seguridad jurídica.
El caso está siendo juzgado por el Supremo porque, en 2013, el Tribunal Regional Federal de la IV Región (TRF-4) aplicó el criterio de marco temporal al conceder al Instituto de Medio Ambiente del sureño estado de Santa Catarina un área que forma parte de la Reserva Biológica de Sassafras, Tierra Indígena Ibirama LaKlãnõ.
La Cámara de Diputados aprobó el 30 de mayo, por mayoría, ese proyecto de ley.
Con 283 votos a favor y 155 en contra, la iniciativa pasará ahora al Senado.
De aprobarse en esa instancia, será remitida al presidente Luis Inácio Lula da Silva para que la certifique o no.
Al respecto, el Ministerio de los Pueblos Indígenas calificó la aprobación del marco temporal por los diputados de «genocidio legislado» porque afecta a las comunidades originarias aisladas, «autorizando el acceso deliberado en territorios en el que viven pueblos que aún no han tenido ningún contacto con la sociedad, ni siquiera con otros pueblos».
En redes sociales, la titular de esa cartera, Sonia Guajajara, afirmó que la medida es «un ataque grave a los pueblos indígenas y al medio ambiente. Seguimos luchando por la vida. Aún en el Senado, dialogaremos para evitar la negociación de nuestras vidas a cambio de lucro y destrucción. ¡No desistiremos!», remarcó.
Para el Observatorio del Clima, red que congrega a grupos ecologistas, la disposición aprobada viola la Constitución y subirán los trances en el campo en caso de ser ratificada por el Senado y refrendada por Lula.
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