Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la Corte y todas las partes interesadas para beneficio del país y de todas las personas, indicó en un comunicado el grupo que integran líderes del gobierno derrocado el 1 de febrero y representantes de minorías étnicas.
La declaración del Gobierno señala que es uno de sus deberes, como líderes legítimos de Myanmar, garantizar la continuidad de la representación ante la CIJ.
Además, indica que conserva activamente la aceptación del ejercicio de jurisdicción por parte de la CIJ sobre los asesinatos, torturas y otros crímenes contra la población civil ocurridos desde el Golpe de Estado.
Igualmente, la nota precisa que sigue la difícil situación de los rohingyas, especialmente quienes huyeron a Bangladesh en 2016 y 2017.
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