En una carta enviada a la fiscal general Gali Baharav-Miara, la Asociación por los Derechos Civiles de Israel afirmó que las amenazas criminales no son responsabilidad del Shin Bet, sino de la Policía.
Mientras, el Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel argumentó que los derechos individuales estaban amenazados por los amplios poderes de ese organismo.
El uso del Shin Bet contra los ciudadanos solo se ve en los regímenes dictatoriales, afirmó el presidente de esa ONG, Eliad Shraga.
El primer ministro Benjamin Netanyahu y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir llamaron ayer en una reunión sobre el tema a utilizar esa institución para enfrentar la violencia en el sector árabe.
Sin embargo, tanto Baharav-MIara como el jefe de Shin Bet, Ronen Bar, criticaron esa posibilidad.
Ayudamos a la policía, pero no debería ser nuestro trabajo porque nos privará de recursos, y existe la preocupación de que nuestras fuentes queden expuestas, afirmó Ronen durante el encuentro, según el diario The Times Of Israel.
Los descendientes de los palestinos que no fueron expulsados de sus tierras tras la creación del Estado judío, en 1948, denuncian desde entonces que son tratados como ciudadanos de segunda.
En la actualidad ellos suman 1,9 millones de personas, casi un 21 por ciento del total de la población de este país.
Esa minoría experimentó un aumento de la violencia en los últimos años, impulsada principalmente por el crimen organizado, en medio de críticas a la pasividad de la policía para enfrentar el problema.
En lo que va de año al menos 102 miembros de esa minoría fueron asesinados en este país, 67 más que en igual período del pasado año.
Las altas tasas de desempleo, la pobreza y otros factores sociales son también causas del flagelo, de acuerdo con varios estudios.
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