El Comité de Detenidos Administrativos anunció en un comunicado que la medida afectará todas las instalaciones penitenciarias donde se encuentren prisioneros arrestados bajo esa política.
Esa norma es utilizada para arrestar a palestinos por intervalos renovables que suelen oscilar de tres a seis meses sobre la base de pruebas no divulgadas, que incluso el abogado del acusado tiene prohibido ver.
Recientemente, el Club de Prisioneros denunció que las autoridades israelíes convocaron a numerosos reclusos con el fin de presionarlos para evitar la protesta.
En abril, la organización no gubernamental israelí B’Tselem denunció que la detención administrativa es ilegal, cruel y viola el derecho internacional.
La decisión de poner a un palestino bajo detención administrativa la adopta el comandante militar regional sin acusación ni juicio, cuestionó entonces el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados (B’Tselem).
“Según la ley militar que se aplica en Cisjordania, una persona puede ser detenida administrativamente durante seis meses, pero la orden puede prorrogarse, por lo cual la reclusión en la práctica es indefinida y los detenidos nunca saben cuándo serán liberados”, criticó.
Asimismo, destacó que desde el 1 de enero último, los 579 palestinos que sufren esa política mantienen un boicot a los tribunales militares israelíes para denunciar sus casos.
Ningún funcionario israelí abordó sus preocupaciones, mientras las cortes continúan escuchando las órdenes de detención como de costumbre, apuntó.
Sistemáticamente numerosos detenidos bajo esa medida inician huelgas de hambre por tiempo indefinido para denunciar sus casos y forzar a las autoridades israelíes a liberarlos.
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