Según un comunicado de las plataformas entre las que figura la Oficina de Abogados Internacionales, la Comisión Episcopal de Justicia y Paz y la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, la respuesta de la comunidad internacional debe ser multifacética y evitar los daños causados por intervenciones anteriores.
Las estructuras también alentaron a los actores regionales a retirar el apoyo a todos aquellos que, a su juicio, crearon la crisis del país, entre ellos las autoridades que hoy están en el cargo, y brindar sostén a un Gobierno de transición legítimo que restablezca la seguridad, así como la justicia y rendición de cuentas, y respalde el proceso de reparación liderado por los haitianos.
Cualquier nuevo enfoque debe respetar la soberanía y contribuir significativamente a empoderar al pueblo haitiano en su búsqueda de una auténtica gobernanza democrática, la inversión en seguridad pública y la resiliencia de las comunidades.
Asimismo, debe colaborar en la restauración del Estado de derecho y la seguridad, el fin de la impunidad de las violaciones graves y la garantía de acceso a las necesidades básicas para todos aquellos que lo necesiten, indicó el comunicado.
Las organizaciones piden al Gobierno que facilite el establecimiento de su sucesor que debe estar liderado por tecnócratas que se comprometan a no participar en futuras elecciones y que trabaje para crear un entorno propicio a la organización de sufragios libres, justos y creíbles dentro de un calendario claramente definido.
Esa administración también debe contribuir al establecimiento de programas especializados de apoyo a la reconciliación de la comunidad, el desarme y la reintegración de las personas vinculadas a grupos delictivos violentos, y prestar atención a los menores y jóvenes vinculados a esos grupos, de acuerdo con la nota.
Las fuerzas políticas de Haití llevan años sin llegar a un acuerdo, mientras que la inseguridad, violencia de pandillas y recesión económica constituyen grandes desafíos para la nación caribeña.
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