La percepción de conflictos en el Ejecutivo surgió en el fin de semana, tras denuncias periodísticas contra el primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro de Justicia, Daniel Maurate.
Otárola fue mencionado entre los involucrados en el pago de una deuda de dudosa legalidad por parte de la seguridad social de salud y Maurate de intento de apropiarse ilegalmente de un inmueble.
Ambos negaron los cargos y el primer ministro anunció que denunciará lo que llama una mentira completa ante el tribunal de ética del Consejo de la Prensa privada.
El periodista Christian Hudtwalcker cuestionó los reportajes, de medios integrantes del mayor grupo de prensa, encabezado por el diario conservador El Comercio.
Según afirmó, las denuncias y otras similares evidencian una pugna entre Otárola y el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, quien, dijo, es asesor no oficial de la mandataria y habría influido para la designación de Maurate como titular de Justicia.
Entretanto, se intensifican las críticas a la presidenta Boluarte por la posibilidad de dejar el cargo antes de 2026, cuando culmina el periodo quinquenal para el que fue elegida vicepresidenta de Pedro Castillo, de quien es sucesora por la destitución y prisión del mismo.
Los congresistas de izquierda, Guido Bellido, y de derecha, Diego Bazán, coincidieron en que es imposible prever lo que suceda antes de 2026, por lo cual, lo dicho por Boluarte carece de fundamento.
Similar opinión manifestó la dirigente del partido neoliberal Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, quien exige más cambios ministeriales tras el relevo de la titular de Salud, Rosa Gutiérrez.
Los detractores de Fujimori consideran que marca distancias de la mandataria por ambiciones electorales y para no cargar con la persistente desaprobación de Boluarte en las encuestas, que alcanzó 77 por ciento en el más reciente sondeo privado.
También el analista Percy Medina comentó que no queda claro cómo puede sostenerse el Gobierno “con una confianza ciudadana tan baja, con problemas de crisis de representación y con la gran inestabilidad que existe”.
La exparlamentaria progresista Indira Huilca señaló a su vez que “Ejecutivo y Legislativo están perfectamente sincronizados y de espaldas a una realidad en la que se acumlan el malestar y la desaprobación a sus gestiones en niveles nunca antes vistos”.
En la coyuntura, agregó, un gobierno autoritario y una dictadura parlamentaria constituyen una confluencia caracterizada por una entraña antidemocrática.
De otro lado, la intención de Boluarte de mantenerse en el gobierno intensificó los preparativos de nuevas protestas en demanda de la renuncia de la presidenta, prontos comicios generales y un proceso hacia una asamblea constituyente.
Los aprestos se realizan principalmente en la región surandina de Puno, principal escenario de protestas entre diciembre y marzo últimos que a nivel nacional terminaron con un saldo de casi 70 muertos, en su mayoría baleados.
El teniente-gobernador de la población puneña de Laraqueri, Jaime Machaca, dijo que dirigentes de las 13 provincias de Puno acordaron aportar mil manifestantes de cada una para la “Toma de Lima” (marcha a la capital) a realizarse el 19 de julio próximo.
Además hay, dijo, coordinaciones con las sureñas regiones de Arequipa y Puno y se alista para los dos primeros días de julio próximo una reunión nacional unitaria de organizaciones sociales de todo el país, para coordinar la protesta a iniciarse el 19 de julio.
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