El proyecto es considerado por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) como ‘contrario a los principios en los que se apoya la cooperación internacional en materia de refugiados’.
Mientras para el secretario general de la ONG ActionAid Dinamarca, Tim Whyte, el texto ‘es la continuidad de una política simbólica al estilo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump y su muro fronterizo’.
La ley promovida por el gobierno socialdemócrata encabezado por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pretende evitar el arribo de migrantes a esta nación y establece que el solicitante de asilo permanezca en otro país, incluso si recibe el estatus de refugiado.
Analistas consideran que la ley pasará sin trabas la discusión parlamentaria, gracias al apoyo de la extrema derecha y pese la oposición de varios partidos de izquierda.
La iniciativa contempla que todo solicitante de asilo en Dinamarca, una vez registrado en el país, será enviado a un centro de acogida fuera de la Unión Europea (UE). Estarían exentos de esta disposición solo aquellos que padezcan una enfermedad grave.
Si el solicitante no obtiene la condición de refugiado sería obligado a abandonar el Estado de acogida.
Pero según Martin Lemberg-Pedersen, especialista en temas migratorios de la universidad de esta capital, aquellos que obtengan el derecho de asilo no podrían regresar a Dinamarca, sino que tendrían la condición de refugiados en una tercera nación.
El texto, sin precedentes en Europa, es calificado por observadores de ‘drástico y restrictivo’ porque ‘persigue llegar a la cifra de cero asilados en un país ubicado entre los más intolerantes a la migración en el continente’.
Kasper Hansen, politólogo y profesor en la universidad de esta capital, declaró a la prensa nacional que el proyecto generaliza hacia casi todo el espectro político propuestas que antes estaban reservadas a la extrema derecha.
Mientras el debate de la normativa genera temor por la posibilidad de que su aplicación trascienda las fronteras nacionales y se expanda por la UE, bloque cuestionado por la ONU y varias organizaciones internacionales y de derechos humanos por su política migratoria.
Pese a intentos por consensuar una acción común en el tema, los directivos comunitarios no encuentran solución para miles de indocumentados que cada año ingresan al bloque regional en busca de mejores condiciones de vida.
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