Según la corte, las audiencias, que deberán finalizar el 31 de junio, ocurren por medio de videoconferencia y son realizadas «por cuatro magistrados que actúan como auxiliares/instructores en el gabinete del ministro Alexandre de Moraes».
El bloque inicial concentró a 232 personas que permanecen en prisión, acusadas de crímenes más graves.
Figuran entre los cargos el de asociación criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho e intento de golpe de Estado.
Además, aparecen daño calificado por la violencia y grave amenaza con el empleo de sustancia inflamable contra propiedad de la Unión, así como deterioro de patrimonio.
En la primera parte de las llamadas audiencias de instrucción, están siendo oídos los testigos de acusación, con la presencia de representantes de la Procuraduría General de la República, acusados y abogados.
Para la segunda etapa, se prestaría atención y escucha a los testigos de la defensa y el acusado es interrogado.
Después del 8 de enero, más de dos mil personas fueron detenidas. A la mayoría se le concedió libertad con aplicación de medidas cautelares.
Actualmente, 253 personas siguen detenidas y, hasta el momento, el Supremo analizó mil 245 denuncias, otras 45 se completaron el lunes.
Con pedidos de intervención militar y rechazo a la asunción al poder de Lula, grupos de partidarios radicales del exmandatario Jair Bolsonaro protagonizaron los eventos golpistas del 8 de enero.
En esa fecha, marcada en negro en la historia nacional, los extremistas de derecha irrumpieron violentamente y saquearon los edificios del Congreso Nacional, el STF y el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo).
Tras los hechos, miles de vándalos fueron detenidos, denunciados por la Procuraduría General de la República, e incluso se convirtieron en acusados y reos.
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