La misiva cuenta con la firma de dos mil 897 personas, entre ellas el fotógrafo Sebastião Salgado, el periodista Juca Kfouri, los investigadores Renato Cordeiro y Alvaro Nascimento, los exministros José Gomes Temporão (Salud), Sérgio Machado Rezende (Ciencia y Tecnología) y Ana de Hollanda (Cultura).
También rubricaron el documento la diputada federal Jandira Feghali, el neurocientífico Sidarta Ribeiro y la comunicadora Hildegard Angel.
Ante recientes hechos relacionados con la extradición a Estados Unidos, donde Assange podría ser condenado a hasta 175 años de prisión, «profesionales, líderes de la sociedad civil y entidades iniciaron un movimiento a través de las redes sociales, con el fin de construir una salida humanitaria para el caso,» indica un extracto de la carta.
El grupo propone que Lula promueva un esfuerzo internacional «junto a otros países» para obtener la aceptación del asilo político por parte del Reino Unido.
Assange está en una penitenciaría de máxima seguridad en la ciudad de Belmarsh, en Inglaterra.
«Creemos que, independientemente del resultado, este vigoroso esfuerzo en defensa de Assange contribuirá a marcar aún más la posición humanitaria y progresista del gobierno brasileño en el mundo, como ha sido nuestra marca desde el 1 de enero de 2023», remarca el contenido.
Durante su visita a Londres, donde asistió en mayo a la ceremonia de coronación del rey Carlos III, Lula calificó de vergüenza que «un periodista que desveló las trampas de un Estado contra otros esté condenado a morir en la cárcel y que nadie haga nada por su libertad».
Assange formó el sitio web que reveló en 2010 más de 700 mil documentos confidenciales sobre actividades militares, crímenes de guerra y de espionaje estadounidenses, especialmente en Iraq y Afganistán.
Tales contenidos fueron además publicados en otros medios periodísticos, como The New York Times y The Guardian.
De acuerdo con información confidencial de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos y de WikiLeaks en 2015, funcionarios estadounidenses espiaron en Brasil al gobierno de la entonces presidenta Dilma Rousseff (2011-2016).
Un total de 29 teléfonos de miembros y exintegrantes de su gestión fueron intervenidos. Rousseff enfrentó en 2016 un golpe parlamentario judicial que la sacó del poder.
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