Según el veredicto emitido por el juez Thomas Linden tras escuchar la demanda presentada por seis refugiados, el ministerio del Interior actuó tanto de forma ilegal como irracional al albergar personas en las barracas de Napier, en el sur de Inglaterra.
El magistrado señaló que la instalación no reúne las condiciones mínimas para garantizar la salud física y mental de los solicitantes de asilo, debido a su estado ruinoso y al hacinamiento, y la comparó con un centro de detención o una prisión.
En septiembre pasado, las autoridades británicas comenzaron a usar el antiguo campamento del Ejército como alojamiento temporal para personas que solicitaron residencia tras entrar de forma ilegal al Reino Unido.
La decisión, sin embargo, fue criticada de inmediato por organizaciones humanitarias y grupos defensores de los derechos humanos, y por los propios refugiados quienes protagonizaron varias protestas y huelgas de hambre.
En marzo pasado, tras registrarse un incendio provocado y un brote de Covid-19 que afectó a unos 200 solicitantes de asilo, los inspectores del sistema penitenciario declararon que el campamento carecía de las condiciones necesarias para hospedar personas.
Aunque el juez Linden no ordenó el cierre de la instalación, como exigieron los abogados de los reclamantes, sí recomendó que se le hicieran mejoras significativas.
El ministerio del Interior afirmó, por su parte, que estudiará el veredicto, pero reafirmó que las barracas de Napier, donde según reportes todavía hay 265 solicitantes de asilo, seguirán abiertas, tras asegurar que ya se le hicieron las reformas correspondientes.
jcm/nm
