Jorge Salvo, de la comuna de Maipú, sufrió un trauma en la vista por el impacto de una bomba lacrimógena y durante más de tres años luchó por la justicia sin obtener resultados.
“Esta es una señal clara y contundente de la desidia del Estado”, denunció Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El 18 de octubre de 2019 comenzó en esta capital un movimiento, impulsado por estudiantes, contra el alza de la tarifa del metro, que posteriormente se extendió por el país y demostró el descontento de la población con las desigualdades sociales y el modelo neoliberal.
Las protestas fueron violentamente reprimidas por los carabineros y las fuerzas armadas, con saldo de cerca de 30 muertos, miles de heridos y 460 personas con daños en la vista producto del disparo de perdigones o bombas lacrimógenas.
Según Contreras, de las tres mil 174 querellas presentadas por el INDH, solo 26 tienen sentencia condenatoria.
“El lento avance de las investigaciones judiciales, sumado a la falta de medidas efectivas de reparación, tiene efectos irreparables”, advirtió.
En un comunicado publicado hoy, el Partido Comunista de Chile lamentó la muerte del joven producto del dolor, la frustración, las secuelas físicas y psíquicas.
“Es la impunidad de una sociedad y un Estado, que está al debe con la justicia, la reparación y la garantía de no repetición para con los luchadores de ayer y de hoy”, señala el texto.
Por su parte, la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular lamentó la muerte de su compañero, quien –dijo- no tuvo justicia oportuna ni el acompañamiento y contención profesional requerida, al igual que la mayoría de los sobrevivientes de violencia policial.
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