Testimonios de personas afines al presidente Jair Bolsonaro y que influyeron en decisiones de su administración en la lucha contra el virus, pusieron al desnudo cómo el Poder Ejecutivo aparentemente arriesgó por desarrollar en la población la tesis de la llamada inmunidad de rebaño.
Conocida también como comunitaria, tal inmunidad ocurre cuando una población está protegida contra una enfermedad, ya sea por la existencia de una vacuna o exposición.
En el abanico de alegatos en la junta, saturados muchos de exigua claridad, se escucharon los del exministro de Salud Eduardo Pazuello, el exsecretario de Comunicación Fábio Wanjgarten, la oncóloga Nise Yamaguchi y la llamada capitana de la cloroquina, Mayra Pinheiro.
Las declaraciones de Dimas Covas, director del Instituto Butantan, y de Carlos Murillo, presidente para en América Latina del laboratorio estadounidense Pfizer, impusieron el debate sobre una posible omisión del gobierno en la compra de vacunas.
Tales elucidaciones ratificaron la errada gestión de Bolsonaro para cerrar contratos en la compra de fármacos y la demorada e insuficiente reacción ante el colapso del sistema de salud en Manaos, capital del norteño estado de Amazonas, cuando a principios de año hubo carencia de oxígeno en hospitales para pacientes contagiados.
La guinda de la torta la puso la también inmunóloga Yamaguchi, directora del Instituto Avances en Medicina, en Sao Paulo, quien defendió la cloroquina como parte del tratamiento inicial contra la Covid-19, sin tener comprobación científica.
Ponderó la autonomía de los profesionales sanitarios para prescribir y la independencia del paciente, pero negó haber intentado cambiar el prospecto del medicamento o participar en una reunión con este objetivo.
La facultativa también rechazó que haya participado en un ‘consejo paralelo’ que formula políticas públicas, pero reconoció que trabajó como voluntaria junto a un ‘grupo de médicos’ con el Gobierno.
Insatisfecho con el testimonio, el senador Omar Aziz, presidente de la comisión, advirtió que será necesario hacer un cara a cara entre Yamaguchi, el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta y el director general de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Antonio Barra.
Mandetta informó a la comisión, cuando prestó declaración, que asistieron a una reunión en el Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo en Brasilia), en abril del año pasado y vio un papel sin encabezamiento que sería el borrador de un decreto presidencial para cambiar el prospecto de la droga.
Días después, Barra confirmó ese encuentro y aseguró que Yamaguchi parecía estar ‘movilizada con esta posibilidad’.
Tras acaloradas intervenciones de congresistas, preguntas técnicas sobre la pandemia y sin obtener respuestas objetivas, el senador Otto Alencar, que también es médico, afirmó que Yamaguchi nunca podría ocuparse del tema por carecer de conocimientos científicos al respecto.
Según Alencar, ella ‘jugó en la oscuridad con un grupo de personas que no entendían absolutamente nada de la enfermedad y jugó con la salud del pueblo brasileño’.
Contraria a esa exposición, se presentó la médica infectóloga Luana Araújo, quien sin miramientos culpó a Bolsonaro por la propagación de Covid-19 y muertes en Brasil.
Interrogada por el ponente de la junta, Renan Calheiros, si la indicación de la cloroquina realizada por el mandatario ‘estimuló a la población a abandonar las medidas farmacológicas, como el uso de la máscara y el distanciamiento social’, Araújo ratificó la responsabilidad de la administración en la expansión del virus.
‘Cuando se defiende algo sin pruebas científicas, se expone a las personas de ese grupo a una fragilidad extrema. Desde el momento en que se hace vulnerable a la gente con información incorrecta, no podemos esperar un resultado positivo’, subrayó.
Argumentó ‘que hay estudios, en este caso un meta-análisis hecho de forma correcta, de que hay un aumento de la mortalidad por el uso de cloroquina e hidroxicloroquina’.
La profesional además cuestionó la recomendación del uso de la cloroquina como tratamiento precoz establecida por algunos galenos, una medida rechazada por la Organización Mundial de la Salud y entidades médicas.
Explicó que ‘cuando tenemos una decisión personal, es una cosa. Cuando se convierte en política pública, es otra. La autonomía médica forma parte de nuestra práctica. Pero no es una licencia para experimentar’.
Araújo fue anunciada en mayo para el cargo de secretaria de Confrontación contra Covid-19, pero su nombramiento resultó cancelado 10 días después sin conocer los motivos, aunque medios periodísticos aseguran que tuvo que ver su posición ante la cloroquina, defendida a ultranza por Bolsonaro.
Durante su comparecencia, la infectóloga hizo duras críticas al tratamiento anticipado contra el patógeno y reveló que sufrió amenazas cuando fue anunciada como miembro del Ministerio de Salud.
Analistas consideran que la labor de la CPI patentiza las irresponsabilidades del gobierno ante la pandemia, asfalta el camino para la demandada destitución de Bolsonaro y coloca gigantescas piedras que podrían dificultar el intento de reelección del excapitán del Ejercito en las elecciones de 2022.
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