El ingreso de 321 mil dosis dio un respiro a este país ante el cierre de algunos centros por falta de insumos y fuertes críticas de organizaciones civiles y la prensa por la lentitud del plan de inmunización desde su apertura en febrero último.
La ministra de Salud, Amelia Flores, quien recibió el cargamento junto a autoridades de la OPS aquí, manifestó que este refuerzo permitirá asumir la cobertura del grupo de edades entre 50-59 años, al que recientemente se autorizó solo su registro.
En paralelo, se vacuna con la segunda dosis a personal en primera línea de combate a la Covid-19 (fase I) y a los mayores de 60 años, a la cabeza de la fase II.
Actualmente solo 103 mil 417 personas cuentan con el esquema completo de inmunización y el fuego mediático no cesa por la ausencia de un programa eficiente de comunicación para las mayoritarias poblaciones indígenas y constantes trabas en el programa informático de registro.
Este es el tercer envío a Guatemala de Covax, el cual completa la primera ronda de asignación de 724 mil 800 unidades del compromiso asumido para los primeros meses de este año, confirmó en un comunicado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
De acuerdo con las estadísticas de la cartera este sábado, la cifra de casos acumulados superó los 260 mil y suman más de ocho mil 200 los fallecidos desde la entrada aquí de la enfermedad el 13 de marzo del pasado año.
El acontecer noticioso giró, además, en torno al inicio de las audiencias de primera declaración de 11 exjefes militares, tras su captura el 19 de mayo por el caso Diario Militar por acusaciones de desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y deberes contra la Humanidad.
La primera sesión en la sala del Tribunal de Mayor Riesgo B concluyó con la detención del coronel retirado Jacobo Salán, quien se presentó en el lugar y estaba en la lista inicial de implicados en el también llamado Dossier de la Muerte, el cual resume los crímenes cometidos contra 183 personas entre 1983 y 1985.
Con la aparición del Diario Militar en 1999 se confirmó la sospecha que tenían sobre el seguimiento y violencia por parte de las fuerzas del Estado contra 183 personas, indicó a medios de prensa Manuel Antonio Farfán, representante legal de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala.
El documento permitió relacionar los numerosos casos denunciados y evidenciar que las graves violaciones a los derechos humanos no fueron hechos aislados, recordó el medio alternativo prensacomunitaria.org.
Familiares de las víctimas pidieron a la comunidad internacional acompañamiento en esta etapa del caso para garantizar justicia e imparcialidad, la que no tuvieron los hombres, mujeres y niños que aparecen en el Dossier de la Muerte, alertaron.
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