Se trata la respuesta a un pronunciamiento conjunto del relator especial sobre el Derecho Humano al Agua Potable y el Saneamiento, y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, Pedro Arrojo-Agudo y Damilola Olawuyi, respectivamente.
El texto gubernamental asegura que al agua que se distribuye en esta capital y la zona metropolitana puede ser consumida por la mayoría de la población, a excepción de algunos grupos con mayor vulnerabilidad al consumo de sal.
Sostiene que uno de cada tres habitantes de la zona afectada reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua al mes. Se trata de población beneficiaria de programas del Ministerio de Desarrollo Social, apunta.
Añade que suman más de 540 mil uruguayos con acceso a agua embotellada para asegurar las necesidades diarias, subraya el pronunciamiento.
La cancillería aseguró que las autoridades decidieron una estrategia para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la salud pública.
Ello incluyó mantener la continuidad del abastecimiento público sin la realización de cortes de suministro, evitando la contaminación biológica de las redes de distribución.
También la continuidad del servicio de saneamiento par las más de 550 mil viviendas de la Región Metropolitana.
El comunicado concluye que se fortaleció el monitoreo sobre «posibles impactos en la salud» y a la fecha no se han detectado eventos sanitarios directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua.
Los relatores de la ONU refirieron en su comunicado que el Poder Ejecutivo recomendó a la población reducir el consumo del vital líquido, pero “estas restricciones no se aplican a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción”.
Concluyeron que “no priorizar” el uso de agua para consumo humano es “inaceptable”.
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