Un sondeo publicado por el Instituto de Democracia de Israel detalló que apenas 27 por ciento de los interrogados aprueba la iniciativa, que restringiría la capacidad del Tribunal Supremo para rechazar leyes al permitirle a la Knesset (Parlamento) volver a legislar normativas impugnadas por ese órgano.
El plan, además, permitiría al Ejecutivo de extrema derecha controlar el nombramiento de los magistrados.
Según la investigación, la mayor parte de quienes rechazan el proyecto respaldan a la oposición en tanto la propuesta encuentra más apoyo entre los seguidores de la coalición derechista.
Desde principios de este año la idea generó intensas críticas públicas y una feroz oposición en la nación, donde son sistemáticas las protestas masivas en medio de las advertencias de economistas, profesionales del derecho, académicos y funcionarios de seguridad.
Cientos de reservistas del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea también se sumaron a la ola de rechazo al negarse a cumplir con sus llamados a filas, una situación que generó profunda preocupación en el Ejecutivo.
Hace una semana el gobernador del Banco Central, Amir Yaron, volvió a criticar esa iniciativa por las negativas consecuencias económicas para el país.
La incertidumbre puede tener costos económicos notables a corto plazo, alertó el funcionario.
Yaron alertó que los cambios legislativos e institucionales podrían elevar la prima de riesgo del país y depreciar más la moneda, lo cual tendrá, a su vez, un impacto adverso en las exportaciones y una disminución en las inversiones internas y en la demanda de consumo privado.
En marzo último la agencia de calificación Moody’s afirmó que Israel enfrenta un riesgo económico a largo plazo debido a la reforma judicial.
“La reforma del sistema judicial pone en peligro la economía israelí y puede causar una caída en la calificación crediticia de Israel, llevar a los inversores a huir y provocar una fuga de cerebros”, advirtieron en enero más de 300 expertos, incluido el Premio Nobel Eric Maskin.
En febrero más de 50 destacados economistas de universidades estadounidenses, incluidos 11 premios Nobel, criticaron el plan en otra carta pública.
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