Barroso fue objeto de una protesta en el 59 Congreso de la Unión Nacional de Estudiantes, que reunió del 12 al 16 de julio a cerca de 10 mil estudiantes en esta capital.
En la ocasión, el magistrado exclamó lo siguiente: «Derrotamos la censura, derrotamos la tortura, derrotamos el bolsonarismo (adeptos del expresidente Jair Bolsonaro) para permitir la democracia y la manifestación libre de todas las personas».
Las palabras del letrado fueron una reacción a un grupo de manifestantes que protestaban contra él en el evento estudiantil.
Además de los abucheos, llevaban una pancarta con la frase «Barroso: enemigo de la enfermería y articulador del golpe de 2016», en alusión a la asonada parlamentaria judicial que sacó del poder a la entonces gobernante Dilma Rousseff.
De igual manera, en septiembre pasado, el juez de la corte superior suspendió el pago del piso salarial de enfermería aprobado por el Congreso Nacional por falta de detalle de las fuentes de costeo.
Interrogado por medios periodísticos sobre sus palabras, Barroso respondió que se refirió a un grupo de extremistas que defienden el fin de la democracia y protegen dictaduras.
En declaraciones al portal Poder360, el líder de la oposición en la Cámara de Diputados, Carlos Jordy, señaló que el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, prevaricará y será «cómplice del desprecio por la Constitución» si no acepta la solicitud de destitución contra el miembro del STF.
Una vez presentada en el Senado, la demanda podrá recibir la firma de otros congresistas.
Según Jordy, 79 diputados y 11 senadores comunicaron que rubricarán la petición.
Personas cercanas a Bolsonaro afirmaron que la expresión de Barroso -Derrotamos al bolsonarismo- es la confesión de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) actuó contra el entonces candidato del Partido Liberal en las justas comiciales de octubre.
Una reciente decisión del TSE dejó inelegible a Bolsonaro por abuso del poder y uso indebido de medios públicos de comunicación durante el pasado referendo presidencial en el que buscaba la reelección.
Por cinco votos a favor y dos en contra, el juzgado incapacitó al exmilitar para ocupar cargos públicos hasta 2030 por celebrar, el 18 de julio de 2022, una reunión con embajadores extranjeros transmitida por televisión pública en la que atacó sin pruebas el sistema electivo y las urnas electrónicas.
En el encuentro, el exgobernante (2019-2022), ante unos 40 diplomáticos foráneos, cuestionó además la integridad del método comicial y de ministros del TSE y del Supremo.
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